Presión estadounidense busca respuesta del Gobierno

La aplicación de sanciones a tres individuos del círculo político del presidente Daniel Ortega, anunciada el jueves por Estados Unidos a través de la Ley Global Magnitsky, es parte de “una dinámica que está puesta en marcha” por el gobierno estadounidense y que urge una respuesta del mandatario nicaragüense ante las demandas ciudadanas que piden el adelanto de elecciones, señaló el exdiplomático Bosco Matamoros.

“Desde el punto de vista político, es crucial la respuesta que el presidente Ortega va a dar a los planteamientos que ha hecho el Secretario Almagro en el marco de la OEA, cuando manifestó que la solución de la crisis nicaragüense es el adelanto de elecciones. Lo manifestó también la Conferencia Episcopal y el gobierno norteamericano”, comentó Matamoros, quien fue embajador de Nicaragua en España y ha sido catedrático en Estados Unidos.

Hasta la fecha, el gobierno nicaragüense no ha aceptado ni rechazado las propuestas de adelanto de elecciones, a pesar de que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha diseñado una ruta para que las próximas elecciones presidenciales y municipales se puedan celebrar a partir de inicios del próximo año. 

A juicio de Matamoros, Estados Unidos está aplicando sanciones “como una medida para llegar a una solución pacífica” a la crisis que sufre Nicaragua desde abril de este año, y considera que el presidente Ortega, con “un espacio jurídico que se ha reducido dramáticamente”, puede “tomar esta situación como una oportunidad para tomar ciertas acciones como aceptar el adelanto de las elecciones con garantías internacionales.”

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Aislamiento internacional

El experto en Relaciones Internacionales, Orlando López Selva considera que la aplicación de la Ley Global Magnitsky a Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco López “aísla” al Gobierno de Nicaragua en el plano internacional, e incluso podrían esperarse sanciones adicionales de otros países.

Con lo anterior coincidió Matamoros, quien destacó que Inglaterra y Canadá tienen leyes equivalentes a la estadounidense que aplican a ciudadanos del mundo señalados de actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

López Selva sostuvo que el grupo de Lima, conformado el año pasado por 17 países de América para dar seguimiento a la crisis en Venezuela, podría pronunciarse por la situación de Nicaragua.

“El Gobierno (de Nicaragua) cuenta con escasos aliados”, enfatizó López, para quien las sanciones aplicadas recientemente a funcionarios nicaragüenses son un “castigo” para los sancionados porque los sitúa en “una lista negra” que tiene implicaciones financieras graves, y “una advertencia” a los demás funcionarios gubernamentales.

López Selva enfatizó en que el Gobierno “tiene que sentarse a dialogar”.

La voluntad política

José Adán Aguerri, presidente del Cosep y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, señaló que depende del presidente Ortega aceptar la discusión sobre democratización que han planteado en la mesa de diálogo nacional, después de las sanciones.

“Nicaragua necesita que haya voluntad política. Hay que entender, sin embargo, que la decisión la tiene el que tiene el poder; en este sentido, esa voluntad política la tiene que mostrar el Presidente. Esta situación quisiéramos que se hubiera resuelto ayer”, comentó Aguerri.

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Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Funides, afirmó que “el Gobierno no ha mostrado ningún tipo de voluntad política”.

Cuando se le consultó si las sanciones impuestas por Estados Unidos podrían empujar a lograr acuerdos en la mesa del diálogo nacional, Chamorro respondió: “Esperemos que esto ayude a la reflexión, pero no tengo expectativas”. 

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